La política económica de EUA en tiempos de cambio (II), por Verónica Orendain*
En la entrega anterior se detalló el largo camino legislativo de diversas medidas para fortalecer la economía de Estados Unidos en medio de la turbulencia post pandémica, en particular con leyes que reforzarán la inversión en infraestructura, en este artículo se verá las medidas para reducir la inflación que es un tema de coyuntura económica de lo más relevante.
El concepto de infraestructura, originalmente utilizada para designar la construcción y reparación de carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos, se amplió bajo estas iniciativas presidenciales para incluir infraestructura humana y/o social. Esta fue considerada en el segundo proyecto de ley, la Build Back Better Act, enfocada a la infraestructura social que contenía restricciones importantes en cuanto a la fabricación, la cual tuvo un camino más sinuoso en el Congreso, pues si bien es aprobada en la Cámara baja unos días después de la promulgación de la Ley de Infraestructura, fue enviada al senado donde no recibe el apoyo necesario para ser aprobada.
“The Inflation Reduction Act”, sucesora de la Ley Build Back Better, marcó un hito legislativo para el presidente Biden, pues después de no lograr apoyo en el Senado durante meses, promovió esta iniciativa mucho más ambiciosa y con una mayor cantidad de recursos, teniendo como marco, entre otras cosas, ayudar a reducir la inflación del país.
La aprobación de esa legislación histórica en los EUA, marca un cambio sorprendente para los defensores del clima, los formuladores de políticas y otras partes interesadas, apenas unas semanas después de que la legislación pareciera muerta. Fue aprobada por el Senado con una votación de 50 a 50, con la vicepresidenta Kamala Harris como desempate.
El Congreso había intentado una legislación climática integral durante casi tres décadas, incluida la fijación de precios del carbono. Ahora, los líderes demócratas desecharon los enfoques políticos que se basaban en el “garrote” y ofrecieron “zanahorias” para impulsar el despliegue de tecnología de energía limpia.
La “Inflation Reduction Act” of 2022 marca un cambio en la política energética del país y busca que se alcancen los objetivos de transición energética para 2030; compromete $369 mil millones de dólares para políticas climáticas, energía limpia y considera importantes objetivos para extraer y procesar localmente minerales clave para baterías. También incentiva tecnologías más nuevas como el hidrógeno y otros. Ofrece créditos fiscales (que representan alrededor de $260 mil millones), subvenciones, préstamos y políticas de apoyo para sectores maduros, como solar, eólico y nuclear.
Esta ley considera la perspectiva de demanda al incluir medidas para disminuir los costos de la energía y también la oferta al promover la seguridad energética estadounidense y la fabricación nacional. Es considerada un punto de inflexión para abatir el rezago de Estados Unidos en el desarrollo de su mercado de autos eléctricos, pues considera incentivos para los fabricantes en términos de acelerar y reorientar su cadena de producción en los próximos años.
La iniciativa representa un gran impulso para muchos sectores de la economía verde, incluidos los vehículos eléctricos, pues incorpora varios temas (como incentivos importantes a la compra de autos y créditos para las empresas productoras en la región de Norteamérica) y está vinculado al compromiso de contenido en los componentes, en especial de las baterías. Esto ha generado que las empresas automotrices globales analicen los ajustes necesarios en sus esquemas de producción para poder acceder a los beneficios fiscales que plantea.
Sumado a estas dos iniciativas, destaca la promulgación de “CHIPS Act”, firmada por el presidente Biden el 9 de agosto de este año y que tiene como objetivo reducir la dependencia de Asia, particularmente de China, de semiconductores, atrayendo la producción a los Estados Unidos. La nueva ley proporciona más de $52 mil millones de dólares en incentivos, incluyendo $280.000 millones en tecnología e investigación, lo que abrirá varias oportunidades de inversión en América del Norte para apoyar el ecosistema de la industria en la región.
La escasez mundial de chips producida durante la pandemia, cuando las fábricas chinas, surcoreanas y japonesas interrumpieron la producción en algunos momentos, y vieron entorpecidos los envíos por el colapso de las cadenas de suministros mundiales, ha puesto sobre la mesa la necesidad de lograr autosuficiencia.
Acorde con la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) en EUA, la participación de este país en la fabricación de semiconductores comerciales ha disminuido del 37 % en 1990 al 12 % en la actualidad. Esta disminución se debe en gran medida a los importantes incentivos ofrecidos por los competidores globales y, como resultado, el costo de construir y operar una planta de fabricación de semiconductores en los EUA es un 25-50 % más alto que fuera del país. Estados Unidos enfrenta varias brechas y vulnerabilidades en la cadena de suministro de semiconductores, lo que presenta riesgos significativos para su economía y la seguridad nacional.
Buscando remediar esta situación, la “Ley CHIPS” considera un paquete de apoyos que incluye importantes incentivos para construir, actualizar y expandir instalaciones nuevas y existentes que busca reimpulsar la fabricación de semiconductores, fortalecer la cadena de suministro y promover la seguridad nacional.
Este recuento legislativo refleja el esfuerzo de Estados Unidos por contar con una estrategia integral de políticas que hagan frente al complejo escenario actual. A partir de un diagnóstico profundo y claro, este conjunto de políticas públicas representa un importante mensaje de la economía de nuestro país vecino a los esquemas de producción y consumo global, ya que a través de estrategias específicas e incentivos impulsa no sólo su mercado interno y cadenas de producción, sino todos los ecosistemas relacionados con estas cadenas de suministro, incluidos sus socios comerciales, como lo es México.
La apuesta va hacia una economía verde, innovación tecnológica, seguridad energética y fortalecimiento de las cadenas de suministro. Los socios comerciales y empresas interesados en atraer estas inversiones y crecer en los próximos años deben considerar estas políticas e identificar las oportunidades que representan en sus negocios.
Disponible en X @Emperatrix07
*Verónica Orendain ha diseñado política pública en materia de industria desde hace 25 años. También es consultora privada para atraer proyectos de inversión a México.